Varios municipios bonaerenses están aplicando o impulsando tasas basadas en insumos o índices agropecuarios, como el litro de gasoil o el índice de novillo de arrendamiento. La Sociedad Rural de Azul inició acciones judiciales, y otras instituciones ruralistas evalúan hacerlo en caso de no poder detener las iniciativas.  

"No hay plata", se nos dijo desde el ejecutivo nacional hace algunas semanas. Lo que no se nos dijo, aunque muchos lo intuían, es que tampoco iba a haber demasiada creatividad en algunos municipios kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, que buscan la manera de seguir financiándose metiendo la mano en el bolsillo del productor. Otra vez, y van...

Ya desde el año pasado ZonaCampo viene siguiendo el caso de los municipios de Azul y de Laprida, los cuales picaron en punta con "tasas por servicios esenciales" de dos litros de gasoil por hectárea, y cuotas extra para arreglos de caminos, respectivamente. Ahora se suman los municipios de Pehuajó y Bolívar, en el primer caso con una tasa de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones (ni siquiera se les ocurrió innovar y copiaron el sistema de Azul) y en el segundo, con una ordenanza impositiva que establece el valor de la tasa vial rural en función del Indice de Novillo de Arrendamiento.

Esta semana, la Sociedad Rural de Azul informó que se presentó ante la Justicia una demanda en la que la entidad, con el mandato de 190 socios, litigará contra el Municipio en relación al nuevo impuesto que se intenta aplicar a toda la población, bajo la genérica y difusa denominación de "Tasa por Servicios Esenciales". En la misma, están representadas más de 190 mil hectáreas, el 30 % de la totalidad de las hectáreas rurales del Partido.

"En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero -ante la inflexibilidad- no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie", indicaron desde la entidad. Paralelamente a esto, están en marcha varias demandas similares presentadas por el mismo tema, tanto individuales como canalizadas por instituciones empresarias y comerciales.

Desde el municipio azuleño encabezado por Nelson Sombra se dio a conocer una cifra que implicaría una baja cobrabilidad durante enero, inferior al 40% de lo que correspondería. Más allá de que la cifra fue cuestionada por algunos concejales no oficialistas muchos contribuyentes pagaron la tasa "bajo protesta", lo que implicaría que en caso de revertirse judicialmente la medida, el Municipio podría verse obligado a devolver los montos percibidos.

Contradiciendo a lo que señalan algunas fuentes, desde la entidad gremial aclararon que ni la judicialización ni la falta de pago pueden atribuirse a una conducta anti fiscalista o a la falta de solidaridad del sector productivo. Como demuestran los números, durante enero el Municipio de Azul recaudó en concepto de "Tasa de Conservación y Mejorado de la Red Vial Municipal" alrededor de 35 millones de pesos, con lo que se mantuvo una cobrabilidad histórica cercana al 90 %, pese a evidentes falencias en la contraprestación de ese servicio. A lo antedicho deben sumarse otras obligaciones municipales, como las que se recaudan a través de Guías, y decenas de impuestos provinciales y nacionales, muchos de ellos coparticipables.

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina – FADA, en diciembre de 2023 el 59 % de la renta del campo argentino se destinó al pago de impuestos. En otras palabras, de cada $ 100 de renta –ingresos menos costos-, $ 59 fueron a financiar el Estado.

Respecto de Pehuajó y Bolívar, las cosas van por el mismo carril en cuanto al espíritu que inspira las ordenanzas, aunque se concretan de manera diferente. 

En Pehuajó el intendente Pablo Zurro apunta a desarrollar una nueva tasa fitosanitaria basada en el pago de dos litros de gasoil por hectárea por aplicaciones (¿te suena? No se les cae una idea…), a lo cual se agrega la ampliación de la zona de reserva para aplicaciones en 300 metros más, y la instalación de un GPS a la maquinaria agrícola para fiscalizar todo esto.

Los productores de ese partido toman esta iniciativa como algo de tinte claramente político y de una gravitación económica enorme, por la cantidad de hectáreas que se pulverizan en la zona, estimando entre 1.800 y 2.000 millones anuales la posible recaudación, a costa de acrecentar los valores de laboreo de los cinco litros actuales a siete. De no prosperar el intento de revertirlo de manera directa, evalúan iniciar acciones legales.

Por su parte, la situación en Bolívar indigna a productores por el mal estado de los caminos, que se vuelven intransitables con las lluvias, siendo que la tasa vial se calculoa en base al Indice de Novillo de Arrendamiento. Un usuario comentó una publicación de la Sociedad Rural de Bolívar manifestando que al aplicarse un índice de arrendamiento en la práctica el estado funciona como si fuera "propietario" de las tierras, con lo cual cobrar una tasa por mantenimiento se vuelve confiscatorio y solo apuntan a financiarse de manera fácil y con un sistema de actualización automático.